Sánchez de Pedro y la relatividad de la Ley
Cuando uno estudia en el instituto, le cuentan maravillosas historias sobre una cosa llamada Ley. Que si surge democráticamente, que si hay que respetarla aunque no te guste, que si es igual para todos… Uno se acostumbra rápido a oír a los políticos hablar del Imperio de la Ley, que si la Ley dice tal o dice cual, que si la Ley para arriba, que si la Ley para abajo.
El Pleno del 29 de junio fue uno de esos momentos en que pierdes parte de esa inocencia juvenil y te das cuenta una vez más que hacer las cosas como pone en la Ley es algo muy relativo, sobre todo si tienes 17 concejales de 25 y mucha prisa por aprobar un Plan General de Ordenación Urbana antes de que acabe la legislatura.
Pues sí, lo han adivinado, me refiero a algunas declaraciones del concejal de urbanismo Francisco Sánchez de Pedro en el debate sobre el PGOU. La concejal de IU Patricia García expuso algunas irregularidades por las que el Plan General presentado no podía ser remitido a la Comunidad de Madrid y Sánchez de Pedro respondió con una frivolidad que habría hecho llorar al propio Kant si se hubiera levantado de su tumba.
La Comunidad de Madrid exige desde hace años cuatro informes: del Canal de Isabel II, la Dirección General de Carreteras, la Confederación Hidrográfica del Tajo y la Dirección General de Evaluación Ambiental. Pero Sánchez de Pedro afirma que el Canal de Isabel II y la Confederación Hidrográfica del Tajo son “lo mismo” y que el informe “llegará pronto”, sin pronunciarse sobre los otros dos informes que según la Comunidad de Madrid son imprescindibles para aprobar el PGOU.
La Ley exige que para aprobar un Plan General se presenten informes de organismos implicados para comprobar su viabilidad. Pues bien, cuatro de esos informes faltan, concretamente los del Canal de Isabel II, la Dirección General de Carreteras, la Confederación Hidrográfica del Tajo y la Dirección General de Evaluación Ambiental. Ya faltaban en la fase anterior, la propia Comunidad de Madrid se dio cuenta y envió un requerimiento al Ayuntamiento recordándole que sin esos informes el Plan no se podía aprobar. El concejal de urbanismo, ni corto ni perezoso, afirmó que el Canal de Isabel II y la Confederación Hidrográfica del Tajo son lo mismo (!) y que el informe “llegará pronto”. No dijo ni una palabra de los otros dos informes. En una palabra, que sí, que falta documentación obligatoria en el Plan sometido a votación.
Y a todo esto, ¿qué pondrá en esos informes? Ya casi parece lo de menos, pero igual hasta algunos vecinos con extrañas inquietudes democráticas los queremos leer. En un mundo ideal en el que la Ley se cumpliera, esos informes serían vinculantes, y podrían modificar partes importantes del Plan. Teniendo en cuenta la respuesta del concejal de urbanismo, ¿alguien cree que esos informes servirán para algo? ¿Se los leerá siquiera el señor Sánchez de Pedro cuando lleguen (si es que llegan)?
Sánchez de Pedro, concejal de Urbanismo
También se habló de los terrenos públicos ocupados ilegalmente por la Federación de Fútbol. ¿Creían ustedes que varias sentencias judiciales firmes eran suficiente como para considerar que se ha cometido una ilegalidad contra el patrimonio público? Pues pueden quedarse mucho más tranquilos, el concejal de urbanismo cree que el uso de esos terrenos es como si fuera público, que si vas por allí ves mucha gente de Las Rozas jugando al fútbol. Pues bueno, por “creer” yo como vecino de Las Rozas creo que no, que eso no es una zona verde pública como obligaba la Ley. Una zona verde no sólo sirve para jugar al fútbol, también sirve para jugar a las canicas o a la petanca, para sentarse en un banco a leer un libro, para tomar el sol, para pasear, para que los niños pasen el rato en los columpios, para que se escondan las parejas entre la vegetación y para muchas otras cosas que no se pueden hacer actualmente en las instalaciones de la RFEF.
Pero esto no es una cuestión de creencias, aquí lo relevante no es lo que crea yo ni lo que crea el señor Sánchez de Pedro, estamos hablando de un tema de propiedad, de un tema regulado por la Ley, la Ley dice que esos terrenos deben ser públicos y actualmente no lo son. Ese “Imperio de la Ley” del que hablan continuamente los políticos lo ha dicho bien claro en varias sentencias judiciales.
La concejal de IU se quejó también de las dificultades de acceso al Plan que han encontrado los vecinos durante el periodo de información pública, de que no se publicó en la web del Ayuntamiento y de que se cobraba a los vecinos 32,5€ por el CD con la información del Plan. El concejal respondió que se había cobrado esa cantidad porque era “el precio de costo”. No sé dónde comprará los CD la concejalía de urbanismo, pero yo los encuentro bastante más baratos. Dado que ese dinero es de todos, para la próxima vez le recomendaré alguna tienda de mi calle, así ahorramos gasto público y no tenemos que bajar el sueldo a funcionarios mileuristas.
Cabe decir que la Ley de la que hemos hablado aquí es la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid de 2001, aprobada durante el gobierno autonómico de Gallardón con los votos a favor del PP y en contra del PSOE e Izquierda Unida. Es decir, esa Ley que marca cómo hay que hacer un PGOU la ha hecho el partido del señor Sánchez de Pedro, y como tal se supone que le gusta. Resulta cómico que la única concejal a la que ayer pareció importarle la Ley pertenece a un partido que ni la hizo, ni la votó, ni le gusta. Habrá que interpretar esto como una de las muchas paradojas de nuestro Estado de Derecho.